En los últimos años cada vez es más frecuente la utilización por la Administración de mecanismos de derecho privado para la prestación de servicios públicos a los ciudadanos: Sociedades mercantiles públicas, concesionarios, contratistas, empresas colaboradoras, etc.

En estos casos, cuando la prestación del servicio ocasiona daños a los ciudadanos, la responsabilidad de la Administración establecida en el artículo 106 de la Constitución se oscurece de tal forma que el ciudadano es remitido de la Administración a la empresa privada y de la jurisdicción contenciosa a la civil.

La presente obra, expone y analiza estos problemas.

 

 

I. Introducción. La «privatización » como un concepto confuso

1. Una justificación económica para un fenómeno sociológico y global

2. La privatización en el derecho administrativo español

II. El espíritu empresarial en el sector público. Del «New Public Management» a la Gobernanza

III. La privatización en España

1. Del siglo XIX a las reformas de López-Rodó

2. Los años 80 como inicio de la privatización

3. La privatización masiva de los años 90

4. La privatización hoy día. Ausencia de un marco regulador

 

I. Un concepto funcional de privatización

II. La privatización como huida del derecho administrativo

III. La huida del derecho administrativo ante los Tribunales de Justicia

IV. Nuevas formas de «huida» y nuevos límites

V. Los colaboradores en el derecho español y en otros ordenamientos

I. La privatización como reflejo de la vieja dicotomía derecho público/derecho privado

II. Problemas de la privatización en otros ordenamientos jurídicos

III. Privatización y Estado Social de Derecho

IV. Necesidad de un control público de las actividades privatizadas

V. La responsabilidad patrimonial como un derecho de los ciudadanos/usuarios de servicios públicos externalizados

 

I. La responsabilidad se exige a todos los poderes públicos. El artículo 9.3 CE como piedra angular de la responsabilidad en nuestro ordenamiento

1. La responsabilidad del Estado Legislador

2. La responsabilidad patrimonial del Tribunal Constitucional

3. La responsabilidad patrimonial del defensor del pueblo

II. La responsabilidad patrimonial de la administración como un «derecho» de los ciudadanos. Su aparición en el derecho español

1. Los orígenes: De la irresponsabilidad como regla general a la necesaria articulación de diversas vías de reclamación de responsabilidad a la Administración

2. La eclosión de un sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración, directa y ¿objetiva?

3. La publificación definitiva de la responsabilidad patrimonial mediante la unificación jurisdiccional ante la jurisdicción contencioso-administrativa

4. La constitucionalización de la responsabilidad patrimonial como derecho de los ciudadanos

4.1. El debate constitucional sobre la responsabilidad patrimonial

4.2. La garantía institucional de la responsabilidad patrimonial

5. Responsabilidad patrimonial y eficacia de la Administración. Su función preventiva

 

I. Administración y servicios públicos. La problemática imputación a los entes de la Administración sujetos al derecho privado

1. Organismos autónomos

2. Entidades públicas empresariales

3. Sociedades mercantiles públicas

II. La relación de dependencia y la teoría del levantamiento del velo como mecanismos de imputación de responsabilidad por los actos de entes instrumentales a la Administración matriz

III. Tres supuestos ante los tribunales: Correos y Telégrafos S.A., Metro de Madrid S.A. y el Canal de Isabel II

IV. Propuestas de reforma

V. El artículo 35 de la LRJSP: ¿solución o espejismo?

VI. El servicio público como generador de la responsabilidad patrimonial

 

I. Planteamiento del problema

II. La responsabilidad de los contratistas en el derecho civil

III. La responsabilidad de los contratistas en el Derecho Administrativo. Antecedentes históricos y regulación actual

1. Antecedentes históricos

2. La regulación de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954

3. El problema en la legislación de contratación pública y en la de procedimiento administrativo

4. La división doctrinal sobre la respuesta del ordenamiento jurídico al problema

5. El excesivo casuismo en la jurisprudencia y la ausencia de un criterio común en la respuesta de los tribunales

5.1. Responsabilidad directa del contratista o responsabilidad de la Administración con acción de regreso frente a este

5.2. Determinación por la Administración de la responsabilidad del contratista o invasión de competencias judiciales

5.3. Ejercicio opcional de la vía recogida en la legislación de contratos públicos

5.4. Necesidad de evitar interpretaciones que eludan la garantía constitucional de la responsabilidad patrimonial de la Administración

5.5. Competencia de la Jurisdicción contencioso-administrativo y requisito procesal de demandar al contratista

5.6. Responsabilidad del contratista: ¿subjetiva u objetiva?

5.7. Responsabilidad de la Administración por culpa in vigilando o in eligendo

5.8. El intento de unificar criterios en la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2009

5.9. Responsabilidad por productos defectuosos

6. El problema en la doctrina de los órganos consultivos de la Administración

7. Necesidad de una solución clara. Propuestas al respecto

8. La responsabilidad de la Administración derivada de ilícitos penales cometidos por personal de los contratistas y concesionarios

9. La responsabilidad de la Administración en los convenios

 

I. La colaboración de las Administraciones públicas y las entidades privadas ante los nuevos riesgos

II. La liberalización de servicios tras la Directiva Bolkenstein. Declaraciones responsables y entidades colaboradoras

1. La superación de la técnica autorizatoria. Los riesgos del nuevo sistema

2. La garantía de la responsabilidad patrimonial ante el nuevo sistema de control

3. La responsabilidad por la actuación de estas entidades en la normativa sectorial

3.1. Las entidades colaboradoras de la Administración urbanística en la legislación madrileña

3.2. La responsabilidad de las entidades de reconocimiento de buques

3.3. Un intento de regulación general: la Ley 26/2010, de 3 de agosto (LCAT 2010, 535, 603), de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña

III. Posiciones doctrinales sobre la responsabilidad de estas entidades

IV. La respuesta jurisprudencial a la responsabilidad de estas entidades

V. La responsabilidad de estas entidades en el derecho comparado

VI. Las entidades colaboradoras y el ámbito de aplicación del Derecho administrativo

 

I. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo

II. La responsabilidad derivada de la asistencia sanitaria prestada en el marco del mutualismo administrativo. El caso de «MUFACE»

1. La prestación de la asistencia sanitaria a los funcionarios de la Administración General del Estado

2. La normativa de contratación pública. De nuevo otra peculiaridad del sistema de mutualismo administrativo

3. La responsabilidad por la asistencia sanitaria prestada a los funcionarios públicos

 

I. Los notarios como funcionarios públicos regidos por el derecho privado

II. Los Registros de la Propiedad como servicio público

 

I. La tensión función pública-propiedad privada en el urbanismo español

II. Juntas de Compensación y Entidades Urbanísticas de Conservación. Naturaleza y responsabilidad

Conclusiones. Necesidad de un replanteamiento de la responsabilidad patrimonial