Autor: José Ángel García de la Rosa
Fecha: 08/07/2021
Duración: 587 Páginas. Libro + formato electrónico
Precio: 72.63€
65.37€ (I.V.A. Incluído)
En el capítulo segundo, el autor aborda la configuración jurídico-positiva de la prueba en los procedimientos tributarios, efectuando un recorrido panorámico por las normas que se refieren a la prueba dentro del marco de la LGT, que va precedido de un estudio del derecho a la prueba como derecho constitucional
El capítulo tercero está consagrado al estudio del objeto de la prueba. El autor explica que, siendo el hecho imponible el verdadero objeto de la prueba, el respeto al principio de legalidad, la vigencia del principio inquisitivo y la realidad de que la Administración, no actúa en defensa de un interés propio, sino del general, imponen que la actividad probatoria de las partes se dirija a su demostración y conocimiento en toda su dimensión.
El brillante capítulo 4, núcleo central de la obra, está dedicado al estudio de la carga de la prueba en los procedimientos de gestión tributaria o, lo que es lo mismo, a dar respuesta a la pregunta quién debe probar en el procedimiento de gestión tributaria.
El capítulo 5 está dedicado al estudio de los medios de prueba que pueden utilizarse en los procedimientos de gestión tributaria y que son los que vienen relacionados en una enumeración a modo de numerus clausus en el artículo 299.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Especialmente original y sobresaliente me parece el capítulo 6 que aborda la problemática de la prueba en relación con las consultas tributarias. En una aproximación absolutamente novedosa en la doctrina, el autor se ocupa de los problemas planteados en torno a la prueba tanto en el procedimiento mismo, como en la aplicación de la doctrina contenida en las contestaciones al consultante o a terceros que la invoquen.
La obra se cierra con un magnífico capítulo dedicado a la problemática de la prueba en el procedimiento de verificación de datos y comprobación limitada. El autor se muestra muy crítico por tratarse de un procedimiento con una regulación insuficiente y técnicamente deficiente, lo que viene a crear inseguridad jurídica a los propios órganos encargados de su aplicación.
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